Publicat a Levante-EMV, 30-07-2011.
Els Verds aseguran que el plan es «contrario» a la lucha contra el cambio climático y que la Generalitat «se apropia» del combustible
J. SIERRA, VALENCIA La Generalitat Valenciana ha confirmado su intención de construir tres incineradoras de residuos urbanos que serán gestionadas en concesión por empresas privadas y que serán ajenas al sistema de consorcios creado en torno a los ayuntamientos valencianos.
El nuevo director general de Calidad Ambiental de la conselleria de Medio Ambiente, Vicente Tejedo, ha confirmado la construcción de tres plantas en su respuesta a las alegaciones presentadas por el líder de Els Verds, Joan Francesc Peris.
Els Verds habían solicitado la revisión y actualización del Plan Integral de Residuos (PIR) para que no incorporara las plantas «de valorización energética», según la conselleria; «de incineradoras», según Joan Francesc Peris; y para incentivar el desarrollo de políticas de reducción, recogida selectiva y reciclaje «más adecuadas a la legislación ambiental vigente».
En su respuesta, el director general explica que tanto las políticas de prevención y reducción de generación de residuos como los objetivos de reutilización y reciclaje están ampliamente incluidos y desarrollados en el PIR y califica de poco fundadas las acusaciones de Els Verds.
Joan Francesc Peris sostiene que la valorización va en contra del resto de políticas para combatir el cambio climático—una incineradora emite más CO2 por kilovatio hora generado que una central térmica de carbón—, advierte de sus presuntas consecuencias sobre la salud y cuestiona la legalidad de que la denominada valorización energética se plantee como de titularidad autonómica en el PIR al declararla como de «servicio público».
Els Verds creen que esta decisión administrativa supone «un serio recorte al poder de decisión en la gestión de los RSU de los ayuntamientos que componen los consorcios zonales, que son «los propietarios» de los residuos generados en su término municipal, «y sobre los que recaerá el pago de las tasas que se establezcan para el mantenimiento de las incineradoras, los vertederos de eliminación de los residuos tóxicos que generan y la amortización de las inversiones para su instalación».
En definitiva, la gestión y los costes de la incineración serán decididos por la Generalitat y en todo caso deberán ser suficientes para pagar la participación privada en los proyectos, que podría incluir la inversión inicial, dado que en en la coyuntura actual no hay presupuesto para poner en marcha el «servicio público». Sin embargo, el combustible con el que producirán la energía de las incineradoras será aportado por los ayuntamientos excluidos ahora de esta «fracción» del negocio de los residuos.
Algo más que semántica
Dice el director general de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, que «comparte» el rechazo del portavoz de Els Verds a la incineración, aunque explica a renglón seguido que la «valorización energética» que proyecta la Generalitat «no es la incineración» que critica Joan Francesc Peris. Según Tejedo, la valorización energética es «una de las tecnologías» utilizadas en el tratamiento de residuos mediante procesos «ampliamente utilizados y contrastado en países de nuestro entorno y en comunidades autónomas como Cataluña, país Vasco, Madrid, Cantabria, Galicia e Islas Baleares». Además de «no incentivar» el reciclaje, Peris recuerda la existencia de un informe elaborado por la Sociedad Británica de Medicina Ecológica que insiste en atribuir riesgos cancerígenos inherentes al funcionamiento de las incineradoras . j. s. valencia