El gobierno murciano ha decidido dar a la empresa Proambiente autorización para la ampliación del vertedero con un nuevo vaso para que ésta pueda seguir con los vertidos en la zona de Abanilla (Murcia) y La Murada (pedanía de Orihuela) después de imponerle una multa de 300.000 €. El alcalde oriolano Monserrate Guillén, de Los Verdes ha calificado la cifra de «indecencia». Para el alcalde, la sanción debería ser «ejemplar» -podría haber llegado a los dos millones de euros- y no haberse concedido la Declaración de Impacto Ambiental ante los hechos.
Según el diputado Ricardo Sixto “Esta autorización es un escándalo. Cabe recordar que los vertidos se producen en término de Murcia pero también en Orihuela, y que son numerosísimas las denuncias de los vecinos afectados de ambas zonas, además del proceso judicial y de la existencia de informes sobre la contaminación y toxicidad”.
Sixto llevará este asunto al Congreso de los Diputados: “Ante la reacción del gobierno murciano y la desidia del valenciano, quien lleva dos años desentendiéndose del tema, pediremos respuestas al gobierno central”.
El diputado valenciano llevará el tema concretamente a la Comisión de Interior del Congreso. “Exigimos una respuesta sobre cómo actuará el Seprona al respecto de la vigilancia cada quince días anunciada por el gobierno murciano tras su autorización. Queremos saber también qué es lo que ha hecho hasta ahora “.
Los gobiernos de las dos comunidades “han hecho la vista gorda a la proliferación de vertidos ilegales en la zona, el vertido de lixiviados, a las afecciones ambientales, a la relación de estos hechos con corruptelas – concretamente la empresa Proambiente, propiedad de Ángel Fenoll, uno de los cabecillas del caso Brugal, es quien ha ejecutado los vertidos-, así como la constatación de un informe pericial en el que queda patente el peligro tóxico de estos vertidos para la salud pública “, ha manifestado Sixto.
