Torrevieja, 25 de junio de 2012. Los Verdes han presentado una Moción para su estudio y debate en Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía, y para su posterior trámite y aprobación en la sesión ordinaria del Pleno, en la que piden que el Ayuntamiento fiscalice el asunto de los alquileres de la Plaza de Oriente, por considerar que se trata de la única forma de poder aclarar la polémica suscitada tras las contradictorias declaraciones efectuadas por distintos concejales del Ayuntamiento, y para poder ofrecer a los ciudadanos de Torrevieja toda la información sobre dicho particular.
Los Verdes consideran fundamental que la opinión pública tenga conocimiento de todo lo que se cuece en el Ayuntamiento de Torrevieja, y muy especialmente de los asuntos que tienen relación con los representantes políticos municipales, con sus despachos profesionales o con sus negocios privados.
Este asunto de los alquileres millonarios, que ha levantado tanta polémica y que ha originado la presentación de demandas judiciales entre los concejales que lo hicieron público y el interesado, debe de tener el tratamiento y de canalizarse mediante los mecanismos que el R.O.M. y la L.R.B.R.L. establecen para ello, que no es otro que el de la fiscalización pública del mismo.
Por todo ello y para que prime la transparencia frente al oscurantismo que siempre representa el cruce de acusaciones al que tan acostumbrados nos tienen los unos y los otros, el Grupo Municipal de Los Verdes ha planteado que el asunto se estudie y debata en los órganos municipales que tienen competencia para ello, habida cuenta de que se trata de una operación que presuntamente se llevó a cabo como consecuencia o a la sombra de una actuación municipal, como lo fue la ejecución de las obras de la Plaza de Oriente de Torrevieja, con el consiguiente derribo de la vieja ermita y el traslado provisional como lugar de culto a unos bajos situados en las inmediaciones de la referida Plaza de Oriente.
El derecho a la información de los concejales y de los ciudadanos sobre las condiciones en que se hizo la contratación de los locales de culto en los bajos del edificio sito en la calle Moriones debe siempre de prevalecer por encima del interés personal de cualquiera de los afectados, y mucho más tratándose de un cargo público como es el caso.